El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará este martes de manera definitiva la Ley del régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, tras debatir la única enmienda incorporada por el Senado, una modificación introducida por Coalición Canaria por la que los cabildos insulares conservarán su representatividad en los consejos de administración de las autoridades portuarias tras la aprobación.

Tras incorporar a lo largo de toda su tramitación parlamentaria un total de 450 enmiendas, 415 de ellas pactadas entre ellos, PSOE y PP lograrán dar luz verde final a un acuerdo que ha contado con el rechazo en bloque de las formaciones nacionalistas, que han visto rechazadas la mayoría de sus propuestas de modificación.

Aun así, el ministro de Fomento, José Blanco, ha celebrado en varias ocasiones que se trata de la ley de puertos "aprobada con el mayor consenso" de la historia, un acuerdo al que ha invitado a sumarse a CiU, PNV, ERC, ICV y BNG por "responsabilidad", para que "todos puedan ser partícipes del modelo portuario del futuro".

Sin embargo, la oferta de Blanco sólo ha sido aceptada por CC, mientras que el resto partidos nacionalistas, a los que se ha sumado IU, ha mostrado su oposición frontal, empezando por CiU, cuyo portavoz de Fomento de CiU, Pere Macías, ha llegado a calificar de "auténtica vergüenza" la norma, que describe como una una "auténtica LOAPA portuaria".

ESTRUCTURA ÚNICA DE LAS TASAS.

El pacto entre socialistas y 'populares' establece que la ley mantendrá una "estructura única" para las tasas portuarias con "bonificaciones regladas" y un coeficiente corrector para cada puerto, "de carácter potestativo".

Éste estará basado en indicadores financieros asociados a la eficiencia de gestión y rentabilidad de cada puerto con el objeto de que quede garantizada la autosuficiencia económica, la leal competencia entre puertos y el menor coste para el usuario.

Con respecto a la estiba, el modelo de gestión será único a través de sociedades mercantiles privadas, con capacidad de supervisión por parte de las Autoridades Portuarias para evitar distorsiones en su funcionamiento que afecten a la leal competencia entre los prestadores del servicio.