La Ley de Puertos 2010,  "no tendrá más apellido que el del consenso y el interés general".

El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la nueva Ley de Puertos por una amplia mayoría. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Fomento, el texto, que se tramitará ahora en el Senado, es fruto de un intenso diálogo con las fuerzas sociales y políticas que ha culminado con la votación favorable de 302 diputados sobre un total de 327 presentes.

Al respecto, el titular del Ministerio, José Blanco, afirmó ante el pleno de la Cámara que "ésta será la Ley de Puertos con más participación en su proceso de elaboración y con más apoyo parlamentario de la democracia"

En el mismo sentido subrayó que el alto respaldo va a permitir un "marco jurídico estable y de mayor seguridad jurídica". Destacó el compromiso económico que incorpora la Ley, de alcanzar una rentabilidad anual del 2,5% para todo el sistema portuario, y al que deben contribuir todas las autoridades portuarias.

En su intervención, el ministro agradeció "la altura de miras y el esfuerzo de los grupos parlamentarios" y las "valiosas aportaciones incorporadas" para dar respuesta a las necesidades y expectativas de la comunidad portuaria y el conjunto de la sociedad española. "Por primera vez en nuestra historia reciente –dijo- contaremos con una ley portuaria sin apellidos políticos". La Ley de Puertos 2010, añadió, "no tendrá más apellido que el del consenso y el interés general", tras el amplio acuerdo alcanzado, e invitó a "que pueda ser aún mayor en lo que queda de tramitación parlamentaria".

Autosuficiencia, autonomía y racionalidad

Blanco puso de relieve que la Ley responde a la apuesta del Gobierno para "avanzar sobre los pilares de la productividad, la competitividad y la eficiencia, en un marco de justicia social y de sostenibilidad ambiental", lo que permitirá "mejorar la calidad de los servicios y la competitividad de nuestra red de transportes".

En su exposición, Blanco remarcó que el Sistema Portuario de Titularidad Estatal, es un instrumento esencial en la economía de España, por el que pasan el 85% de las importaciones y la mitad de las exportaciones del país, que genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y unos 110.000 indirectos, y cuya actividad supone en el 20% del PIB del sector de transporte español y el 1,1% del PIB nacional.

El ministro afirmó que con esta Ley, que durante su tramitación en el Congreso ha logrado el "consenso" en todos los ámbitos: comunidad marítimo-portuaria, sectores económicos implicados, trabajadores portuarios e instituciones municipales y autonómicas, y grupos políticos, "se da el paso definitivo hacia el modelo de futuro del sector portuario, apostando por tres principios: una mayor autosuficiencia financiera de los puertos, con un régimen de tasas más flexible; una mayor autonomía de gestión por parte de la autoridad portuaria, y un control económico-financiero basado en criterios de racionalidad y equilibrio".

De este modo, añadió, los puertos serán "más atractivos para la iniciativa privada" y "más competitivos en una economía global", y tendrán una mayor libertad tarifaria sin las anteriores rigideces.

Blanco concluyó su intervención poniendo de relieve otros tres elementos fundamentales de la nueva Ley: la calidad y eficiencia, como claves de futuro, y la apuesta por la sostenibilidad y la intermodalidad. Al respecto, señaló que esta norma "premia la buena gestión y bonifica la superación de los niveles de productividad actuales", apostando por unos puertos "comprometidos con su entorno socioeconómico, bonificando las buenas prácticas ambientales e impulsando la "plena integración de los puertos en el sistema de transporte".

Finalmente, el ministro abogó asimismo por "grandes alianzas entre puertos" a fin de que éstos se inserten en las grandes rutas marítimas y participen en el desarrollo de nuevos corredores.