La Asociación de Navieros Españoles (Anave) ha valorado en un comunicado el texto aprobado finalmente en la nueva Ley de Puertos.

La organización ha comparado así el texto de marzo, "claramente insatisfactorio para las empresas navieras españolas", con el último ya aprobado. En este sentido, considera que el nuevo "es el resultado de un consenso entre los dos partidos mayoritarios, lo que parece asegurar una estabilidad del marco regulador de los puertos; reduce, en gran medida, el impacto económico de la adaptación de las bonificaciones en las tasas a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, salvo en algunos tráficos concretos que, por cierto, son importantes para algunas empresas navieras españolas y para los territorios insulares, especialmente Canarias; mantiene, en principio, la uniformidad de las cuantías básicas de las tasas para todos los puertos, aunque permite a las distintas AAPP introducir unos coeficientes generales de corrección y fijar las bonificaciones a los tráficos insulares; amplía el concepto de 'autoprestación' en el servicio de estiba para las líneas regulares en tráficos de corta distancia y excluye de su ámbito a los 'vehículos sin matricular', si bien, en ambos casos, sujetos a serios condicionantes".

Anave ya venía pidiendo desde hace años el consenso de los partidos, porque "consideramos fundamental que el marco regulador de los puertos tenga un carácter estable en el tiempo". También estiman positivo que la ley se formule el capítulo de las tasas en términos compatibles con la normativa comunitaria, aunque los cambios "no hacen sino encarecer las tasas", principalmente a las empresas españolas.

"Es, sin duda, una lástima -continúa Anave-, que dicho marco estable no suponga un avance más substancial en el importante servicio de estiba. Más aún, el procedimiento, un tanto singular, que se ha seguido para la negociación con los sindicatos, ha reforzado, una vez más, la posición de éstos, sin marcar ningún objetivo futuro de mayor liberalización".

La asociación marítima estima que, con la crisis y para asegurar el futuro del sector, "es imprescindible mejorar los índices de productividad/coste de nuestros puertos, aproximándolos a los de los países europeos más eficientes. Además, la situación económica hace exigible que los mismos esfuerzos que se están imponiendo a otros colectivos se apliquen también en entes públicos, como son las Autoridades Portuarias, con una política de austeridad en el gasto y racionalidad en las inversiones".

La ley actual (48/2003) ya contemplaba el llamado 'Observatorio Permanente del mercado de los servicios portuarios', responsable de analizar las condiciones de competitividad en relación con los precios y la calidad de los servicios, pero, siete años después, aún no se ha constituido. No obstante, éste se mantiene en el texto recién aprobado por el Congreso y bien podría ser un instrumento para analizar objetivamente los ratios de eficiencia de los distintos servicios "y para introducir las mejoras en la competitividad que, en opinión de las empresas navieras, resultan ineludibles".