Los sindicatos con representación en el sector portuario decidirán el próximo miércoles si convocan huelga contra la nueva Ley de Puertos que se tramita actualmente en el Congreso y que, en opinión de UGT, supone una "liberalización indecente" de los servicios generales que prestan las autoridades portuarias y pone en peligro 1.500 empleos en toda España (cien de ellos en Santander) entre el colectivo de estibadores.

Las organizaciones sindicales ya tienen fijada una reunión para el próximo 28 de abril en la que, a la vista de los resultados que se obtengan en las reuniones que se mantendrán el lunes y el martes con el Grupo Socialista, analizarán medidas de protesta a partir del mes de mayo y la posibilidad de iniciar una huelga indefinida.

El responsable estatal del Sector de Puertos, Aduanas y Consignatarias de UGT, José Antonio Olaizola, y el responsable regional, Antonio Toca, dieron cuenta hoy de la situación actual de las conversaciones con los grupos parlamentarios y las previsiones para la próxima semana en una rueda de prensa en Santander a la que también asistió el secretario regional de Transportes del sindicato, Oscar Martín.

El Grupo Socialista se reunirá el lunes con UGT y el martes con CC.OO. y Coordinadora. En su reunión, UGT pedirá que se retire de la ley la "liberalización" de los servicios portuarios y, de no aceptarse, el miércoles los sindicatos propondrán ir a la huelga.

Según explicó Olaizola, la futura nueva Ley de Puertos, con su redacción actual, supone un "cambio de fondo" en el sector por el que "se abandona el carácter público de los servicios portuarios" y se "privatizan" todas las sociedades de estiba.

En el caso de los estibadores, creen que la nueva regulación que propone el texto es "una de las mayores agresiones" en los últimos 25 años, ya que permite a las empresas contratar trabajadores para las operaciones relacionadas con el transporte de coches y esto "pone en peligro" 1.500 empleos de estibadores en todo el país, de los cuales, alrededor de un centenar corresponden al puerto de Santander.

En opinión de Olaizola, la asociación de fabricantes de vehículos (Anfac) está "engañando" al Gobierno pidiendo esa "liberalización" en el tráfico portuario de vehículos, lo que en la práctica supondrá la "sustitución" de los trabajadores actuales por otros nuevos contratados del INEM o incluso a través de empresas de trabajo temporal.

El sindicalista recalcó que es una "aberración" y lamentó que el PP está "presionando" con Anfac para que el PSOE acepte esta "liberalización".

SERVICIOS GENERALES

Además, alertó de que la ley "permite dejar abierta" la posibilidad de más liberalizaciones en los próximos años, por ejemplo, en lo que respecta a los servicios generales que realizan las autoridades portuarias.

En este sentido, explicó que esos servicios generales no aparecen expresamente en la ley lo cual "preocupa" al sindicato porque, a su juicio, dejaría la "puerta abierta a una externalización" de dichos servicios, entre los que se incluye, por ejemplo, la policía portuaria.

Por eso, UGT ha entregado una enmienda a PP y PSOE para que "rescaten" los servicios generales y vuelvan a quedar reflejados en el texto, como ocurre en la norma vigente. Si no se recoge su enmienda, Olaizola avanzó que también se estudiarán protestas en el conjunto de los puertos, que se sumarían a las que pueden iniciar los estibadores.

TARIFA T3

Por otro lado, tanto el responsable estatal del sindicato como el regional se refirieron a las sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a 12 autoridades portuarias a devolver unos 500 millones de euros por las tarifas T3 (las que se cobran a las empresas por la ejecución de los trabajos que se realizan en los puertos, como la estancia del buque, los movimientos de mercancía, etcétera).

En esta línea, UGT salió al paso de lo que considera "mensajes cruzados" y rechazó que el pago de esa deuda vaya a repercutir en las inversiones en infraestructuras previstas en esos puertos, ya que el Estado asumirá el pago.

Así, Olaizola recordó que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó habilitar un fondo de contingencia por importe inicial de unos 91 millones de euros para solucionar los problemas de los puertos de Málaga, Marín, Tarragona, Valencia y Barcelona, y se espera que en una segunda fase se apruebe el resto del dinero para los demás puertos, entre los que se encuentra el de Santander.

La Autoridad Portuaria de Santander debe hacer frente a un pago de 12,5 millones de euros (más intereses), pero UGT insistió en que lo abona el Estado porque es el Ministerio de Fomento quien debe pagarlo y, como no dispone del dinero, se habilita ese fondo de contingencia.