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Según la sentencia, hecha pública el pasado 4 de febrero, la tasa española “concede una ventaja” al tráfico marítimo interno frente al intracomunitario, así como al tráfico interno e intracomunitario respecto al que se hace entre un Estado miembro y un tercer país. La sentencia recoge que esto es “una discriminación” que no responde a diferencias en los costes de los servicios portuarios, sino que depende únicamente de los lugares de destino y origen de los buques, algo “incompatible con el derecho comunitario”. Por este motivo, la Comisión Europea recurrió al Tribunal de Justicia para que declarara que España había "incumplido" sus obligaciones relativas a la libre prestación de servicios al transporte marítimo.

Según la normativa comunitaria, los ciudadanos de la UE deben poder disfrutar de la libre prestación de servicios de transporte marítimo entre los Estados miembros, aún cuando estén en un país comunitario distinto al suyo, por lo que el Tribunal de Justicia europeo ha dictaminado que España “ha incumplido las obligaciones” relativas al reglamento de la UE, por lo que, además, deberá pagar los costes del juicio.

Por su parte, desde el Gobierno se ha indicado que ya existe un proyecto de ley “que está en proceso de elaboración y debería aprobarse a principios de 2010”, y que garantizará el cumplimiento de la normativa europea.