reforma de la Ley de Puertos del Estado
El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo en el Congreso de los Diputados para tramitar la reforma de la Ley de Puertos, un texto que las formaciones nacionalistas habían criticado por invasión de competencias y al que al menos CiU y ERC han presentado sendas enmiendas de totalidad, que se debatirán la próxima semana en Pleno. Según los 'populares', en virtud de este acuerdo, los socialistas retirarán el recurso de inconstitucionalidad presentado a la Ley de Puertos de 2003, aprobada bajo el mandato de Francisco Álvarez-Cascos en el Ministerio de Fomento. En un comunicado, el PP explicó que este pacto supondrá una "modificación sustancial" del proyecto original que aprobó el Gobierno cuando todavía era ministra Magdalena Álvarez, estableciendo que la ley mantendrá una "estructura única" para las tasas portuarias con bonificaciones regladas y un coeficiente corrector para cada puerto, "de carácter potestativo". Éste estará basado en indicadores financieros asociados a la eficiencia de gestión y rentabilidad de cada puerto con el objeto de que quede garantizada la autosuficiencia económica, la leal competencia entre puertos y el menor coste para el usuario. Se pondrá "especial énfasis" en establecer un régimen especial de coeficientes reductores para potenciar la intermodalidad, y tomar en consideración la situación ultraperiférica de Canarias, la situación especial de Baleares, Ceuta y Melilla y la de los puertos sometidos a la competencia extracomunitaria y, particularmente, para las mercancías en tránsito. Con respecto a la estiba, el modelo de gestión será único a través de sociedades mercantiles privadas, con capacidad de supervisión por parte de las Autoridades Portuarias para evitar distorsiones en su funcionamiento que afecten a la leal competencia entre los prestadores del servicio. EVITAR POSICIONES DOMINANTES También se modificará el proyecto en lo relativo a la prestación de servicios portuarios manteniendo un sistema de libre acceso con los mecanismos de control precisos "para evitar situaciones de posición dominante". El PP mostró su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado, que se articulará a través de enmiendas parciales pactadas por ambos grupos, expresando la "voluntad" de los 'populares para "colaborar" con el Gobierno en dar estabilidad a un "sector fundamental" para la economía española. De esta forma, PSOE y PP sumarán fuerzas en el Congreso para 'tumbar' las enmiendas de totalidad que los grupos parlamentarios de CiU y ERC-IU-ICV han presentado contra la norma. Ambas formaciones hablan de la "grave invasión" de competencias que ven en la reforma, al "cerrar definitivamente" cualquier posibilidad a una mayor integración de las infraestructuras portuarias y sus autoridades en el régimen jurídico autonómico. EXCESIVO INTERVENCIONISMO El texto de la enmienda de CiU, firmada por su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida, afirma que la nueva ley conduce a un "excesivo intervencionismo" del Estado que complicará los trámites e incrementará las cargas administrativas. "Es un proyecto de ley que perjudica la competitividad de nuestra economía, al impedir el pleno desarrollo de una infraestructura tan fundamental como son los puertos", denuncia Duran. Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, lamenta que no se haya aprovechado la "oportunidad por excelencia" que brindaba el proyecto de ley aprobado por el Gobierno en noviembre de 2008-- para "cumplir" los compromisos del gobierno sobre traspasos en materia de puertos y aeropuertos. Por este motivo lo considera un "mal síntoma" en lo relativo a la gestión catalana del Aeropuerto de El Prat, una de las condiciones que pone para su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2010.