pesquero
  • La normativa prevé que la mayor parte de las nuevas medidas sobre el control pesquero entren en vigor el 1 de enero de 2011
  • El comisario europeo de Pesca, Joe Borg, y la presidencia sueca de turno de la UE explicarán este miércoles los detalles del acuerdo
Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han aprobado la implantación de un sistema de 'carné por puntos' para sancionar a los pescadores, oficiales y armadores que incumplan las leyes. Entre las novedades de la regulación destaca la introducción de un carné por puntos similar al que existe en España para el tráfico por carretera, aunque funcionará de forma inversa. Los ministros han alcanzado un "acuerdo político" para introducir ese régimen, pero la Comisión Europea (CE) y los expertos de los países deberán decidir los detalles en un Comité de Gestión (de carácter técnico) antes de que entre en vigor. La idea es que empiece a aplicarse "lo antes posible". Los Veintisiete consiguieron un acuerdo sobre la nueva regulación del control pesquero tras muchas horas de negociación y varias ofertas de la Comisión Europea (CE) ante las que muchos países pusieron objeciones. España se ha mantenido durante toda la discusión favorable al proyecto de Bruselas para actualizar las reglas sobre la vigilancia en la pesca, pues las que hay ahora tienen más de 15 años. En cualquier caso, el texto pactado por los ministros suaviza las condiciones iniciales en las que Bruselas pretendía aplicar el carné por puntos, ya que en el acuerdo final aumenta el número de "avisos" al pescador o al armador ante de quitarle el permiso. Además, en cada amonestación la retirada de la licencia sería durante períodos más breves que los que propuso Bruselas anteriormente. La normativa prevé que la mayor parte de las nuevas medidas sobre el control pesquero entren en vigor el 1 de enero de 2011. La UE no restringirá con cuotas la pesca recreativa, puesto que este punto era uno de los que más dificultaba un acuerdo, por la oposición de los países del norte. La reglamentación prevé cambios en los "márgenes de tolerancia" de error que pueden admitirse a pescadores cuando declaran sus capturas. Se ha acordado también incrementar las inspecciones y los controles en los puertos, en el transporte y en los puntos de venta del pescado, así como reforzar el uso de los medios tecnológicos para la vigilancia.