sinking ship
El ministro francés de Transportes y presidente de turno del Consejo, Dominique Bussereau, aseguró que el acuerdo constituye un "gran avance para una Europa marítima más segura".
Los ministros de Transporte de la Unión Europea (UE) llegaron ayer a un acuerdo sobre dos medidas destinadas a reforzar la seguridad marítima en la UE, que llevaban bloqueadas más de un año y medio por el desacuerdo entre los países. El acuerdo político desbloquea las negociaciones del llamado "paquete marítimo", que la UE quiere aprobar antes de finales de año para evitar que se repitan catástrofes como la del Prestige en 2002. Los estados miembros ya se habían pronunciado sobre las otras cinco propuestas del paquete, que pasaron a ser votadas en segunda lectura por el Parlamento Europeo, pero aún faltaban las dos de ayer, destinadas a endurecer las concesiones de pabellones de países europeos y delimitar la responsabilidad de los armadores en caso de accidente. Sin embargo, todo apunta a que la Eurocámara, partidaria de controles más exhaustivos que los estados miembros, no recibirá satisfactoriamente el acuerdo de hoy y ambas instituciones tendrán que recurrir al procedimiento de conciliación para tratar de sacar las medidas adelante. Las negociaciones entre países han estado bloqueadas todo este tiempo por el enfrentamiento entre dos grupos: los estados que poseen una gran flota y los que tienen más costas que buques. Los primeros (Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Grecia, Malta y Chipre) se mostraban reticentes a la transferencia de competencias hacia la UE en materia de seguridad marítima. Los segundos, entre los que figura España, quiere asegurar en la UE un nivel máximo de seguridad marítima en defensa del medio ambiente y que todo aquel que no cumpla las normas sea responsabilizado por ello. Finalmente, los países han acordado aprobar las dos medidas que quedaban pendientes del paquete conocido como Erika III, en alusión al buque hundido en el Canal de la Mancha en 1999, pero eliminando de ellas todos los puntos que implicasen un traspaso de competencias a la Unión. Ahora bien, para reforzar un compromiso debilitado, han emitido una declaración en la que se comprometen a dar cumplimiento a las obligaciones de los reglamentos de la Organización Marítima Internacional (OMI). Dentro de las obligaciones que sí se han mantenido está la de que todas los barcos que tengan por destino final un puerto comunitario o hagan escala en él tendrán que suscribir un seguro obligatorio para poder cubrir las indemnizaciones en caso de accidente. Este requisito afecta también a las embarcaciones que circulan por las aguas internas, algo que algunos países habían rechazado porque aseguraban que dispararía los costes. En relación al Estado de abanderamiento, Bruselas quiere asegurar que la concesión de banderas europeas se hace de acuerdo con las normas internacionales, algo especialmente importante tras la entrada en la UE de Chipre y Malta, dos países que tradicionalmente han asignado pabellones de conveniencia (open registries). El problema es que la no obligatoriedad de muchas de esas normas internacionales se traducía en un cumplimiento irregular de los Veintisiete, por lo que muchos buques deficientes seguían navegando por aguas comunitarias, lo que supone un peligro permanente y una competencia desleal entre las navieras. Para solucionar este punto, se ha decidido exigir que todos los países tengan que superar de manera obligatoria auditorías enviadas desde la OMI para controlar el estado de su flota.