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La Comisión Europea podría dejar en suspensión al acuerdo de pesca entre los Veintisiete y Mauritania, algo con impacto directo en la industria pesquera española. Así lo advirtió ayer el portavoz del Ejecutivo comunitario, Martin Seylmar, que anticipó que el comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, propondrá esta medida hasta lograr "una solución aceptable" al reciente golpe de Estado. Actualmente, en torno a 60 buques españoles, casi la mitad gallegos, se benefician de este pacto y se verían afectados por el cierre del caladero. El secretario general del Mar, Juan Carlos Fragueiro, aseguró tras producirse el golpe de Estado en Mauritania, el pasado 6 de agosto, que el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el país africano seguía de momento "en pleno vigor". Mediante dicho acuerdo, que concluye en 2012 "salvo que alguna de las partes lo denuncie", la UE compensa económicamente a Mauritania con 86 millones de euros anuales.

Esta puntualización de Fragueiro, en forma de augurio, se confirmó con las palabras de Seylmar. "Louis Michel propondrá que se suspenda a la espera de llegar a una solución aceptable a la crisis" en el país africano, explicó el portavoz de la CE. El comisario europeo manifestó su decepción por la situación actual y reclamó la "rápida vuelta al orden constitucional" previo y la liberación del presidente, Sidi Mohamen Ould Cheiij Abdallahi, arrestado por los militares.

Mientras, el presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Cefalopoderos (Anacef), Francisco Freire, aseguró que la propuesta de suspensión del acuerdo es "una mala noticia para los pescadores que trabajan en la zona" y un "flaco favor al país". Freire explicó que en la zona faenan aproximadamente 24 barcos cefalopoderos y 60 o 70 de otro tipo, que sufrirán las consecuencias de esta "medida de castigo" al país africano.

Una decisión que afectaría directamente a Andalucía y a Galicia y también a los ingresos de Mauritania que dejaría de ingresar 305 millones de euros para que 110 navios de la unión pesquen en el caladero. Sólo España paga 75 millones en cuatro años para este cometido. La comisión asegura que hasta que no se llegue a una solución aceptable en el país africano no cambiarán de opinión.

De prosperar la propuesta de Bruselas, los 30 barcos de arrastre con base en Huelva y en Cádiz no podrán faenar en la zona para capturar marisco.