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Fenadismer, Confedetrans, Antic y la Plataforma para la Defensa del Transporte siguen insistiendo en lograr que el Ministerio de Fomento permita el establecimiento para el sector del transporte por carretera de un precio mínimo obligatorio. Por eso ayer reafirmaron su convocatoria de paro indefinido y por eso decidieron no rubricar el acuerdo de 56 medidas que sí firmaron, la Administración y la mayoría del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

Fenadismer, Confedetrans, Antic y la Plataforma para la Defensa del Transporte insisten en que no cederán un ápice en sus reivindicaciones, ante "el cierre en falso por parte del Gobierno de la crisis del sector" y advirtieron de que hoy llevarán a Bruselas sus reivindicaciones junto con transportistas de Francia e Italia.

Las asociaciones que continúan en paro consideraron en sus asambleas insuficientes las 56 medidas fiscales comprometidas por el Ministerio de Fomento con el resto del sector. Fenadismer las cifró en un beneficio de 163 euros por transportista. Las asociaciones que convocan el paro (aglutinan al 20% de las 130.000 empresas del sector) defienden que el precio mínimo evitaría la competencia desleal. Dicen que el sector está saturado, por lo que muchos trabajan por debajo de costes con tal de conseguir encargos. Los huelguistas quieren que las tarifas que marca el Observatorio de Costes del Transporte por Carretera, que elabora Fomento cada seis meses, se tomen como precio mínimo obligatorio. Ahora son sólo una referencia indicativa. El Ministerio calcula esta cantidad sumando los gastos de combustible, sueldos, desgaste del vehículo, dietas y reparaciones. Según este indicador, el coste por kilómetro de un camión articulado de carga general es de 0,95 euros si va sin carga; y 1,12 con mercancía. A esto habría que añadir el margen de beneficios, peajes, oficinas... Según todas las asociaciones, muchos transportistas aceptan ahora trabajar por mucho menos del mínimo.

En Catalunya, el Govern se reunió con organizaciones de transportistas que no secundaban el paro y se comprometió a ampliar las ayudas con el retorno al sector de la parte que pagan del recargo sobre el gasóleo conocido como el céntimo sanitario. También se creará una línea de ayudas para el abandono de la actividad y se intensificará la lucha contra la competencia desleal.

Manuel Camuñas, presidente de ASTAC, calificó las medidas de alejadas de sus reivindicaciones, por lo que aseguró que mantendrán el paro "aunque habrá cortes de otra manera y se podrá ver que la movilización continúa". Garantizó que el suministro de carburante, medicinas y pienso no tendrá problemas. Las asambleas sirvieron para reagruparse y decidir nuevas estrategias ante el control que está estableciendo Interior sobre los piquetes y los bloqueos de carreteras que ayer restaron mucha fuerza al paro. Sin renunciar de forma pacífica a las marchas lentas ni a seguir "informando a los compañeros de la huelga".

El Gobierno volvió a dejar claro ayer que no piensa ceder. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, aseguró que es "imposible" aceptar esa exigencia, ya que crear una tarifa mínima obligatoria "no tiene fundamento legal en una economía de mercado”. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que el Ejecutivo seguirá teniendo "tolerancia cero" con los piquetes, aunque actuen "en tono menor". Los transportistas criticaron la presión policial. "No es democrático ni de buen talante" dijo Manuel Núñez, presidente la plataforma que reune a los autónomos. La cuarta jornada de huelga discurrió con relativa normalidad en carreteras y comercios. La intervención de las Fuerzas de Seguridad evitó retenciones importantes en las carreteras y que la entrada de productos en los grandes mercados se haya ido normalizando. Asímismo, los incidentes se redujeron al apedreamiento de lunas que han herido a algunos camioneros y a la queja de agricultores y ganaderos, que lamentan pérdidas millonarias después de cuatro días de paros.

Tras la radicalización del miércoles de la huelga, ayer ya se ha conocido la primera condena a uno de los miembros de piquetes detenidos, quien fue condenado a ocho meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad y lesiones por dar un puñetazo a un policía, según fuentes judiciales.

Por el contrario, el conductor de la furgoneta que el martes atropelló mortalmente a Julio Cervilla Sojo, miembro de un piquete, quedó en libertad provisional sin fianza y deberá comparecer cada 15 días en el Juzgado. Otra víctima de los enfrentamientos, el camionero herido en Alicante al arder su vehículo mientras dormía, evoluciona favorablemente de un incidente que su mujer ha calificado de "acto terrorista".

En los cuatro días de huelga, los más de 25.000 policías y guardias civiles destinados a controlar el paro patronal han escoltado unos 9.500 camiones, han realizado un centenar de detenciones y han interpuesto 800 denuncias.