La pesca, una filosofía de vida en conflicto permanente con el avance del modelo económico
El comisario europeo de Pesca, Joe Borg, presentará mañana a los ministros de Pesca de la Unión Europea en Luxemburgo una serie de 'medidas de emergencia' para ayudar al sector pesquero a hacer frente a los elevados precios del carburante y a 'minimizar' su impacto en el sector. El Ejecutivo comunitario prevé adoptar una propuesta legislativa formal a principios del mes de julio. El comisario Borg, entiende que es necesario emprender una acción coordinada a nivel europeo para evitar una 'crisis severa para la industria', anunció el pasado 17 de junio algunas medidas de ayuda que contempla Bruselas, incluida la derogación durante un periodo de dos años algunas de las limitaciones al Fondo Europeo de Pesca de forma que los Estados miembros tengan una mayor flexibilidad a la hora de repartir las ayudas al sector, tal y como pedía España. También contempla modificar el régimen de ayudas de minimis (ayudas de Estado) de forma que los 30.000 euros durante tres años previstos en la actualidad para cada empresa se apliquen a cada embarcación, estableciendo un tope de ayudas por empresa de 100.000 euros. Asimismo, Bruselas prevé ayudas para que el cese temporal sea posible para aquellas embarcaciones incluidas en los planes de reestructuración y ayudas parciales para la sustitución de grandes barcos antiguos por otros menores y de mayor eficiencia energética. En concreto, los subsidios para el cese temporal de actividad estarían disponibles para todas las embarcaciones (en 2008 y durante un periodo de tres meses) con la condición de que estos barcos sean incluidos en un plan de reestructuración. A juicio del Ejecutivo comunitario resulta 'vital' centrar la ayuda en las embarcaciones sujetas a una mayor dependencia del carburante y a la flota más afectada por la sobrecapacidad. Por ello, en su propuesta legislativa recomendará que los Estados miembros puedan establecer planes de reestructuración de la flota que eliminen toda limitación al acceso de primas por el cese permanente de la actividad. Las medidas contempladas por la Comisión Europea están 'en la misma línea' que lo que reclamaron en Venecia los ministros de Agricultura de Francia, Portugal, España, Eslovenia, Grecia, Malta e Italia, según fuentes diplomáticas españolas. Entre otras cosas, piden un aumento de la dotación financiera del fondo europeo para la pesca, la revisión de la política de reestructuración de la flota comunitaria y el permiso a los Estados miembros para que puedan aprobar medidas con las que estabilizar el precio del crudo. Por otro lado, los ministros abordarán el cierre decretado por la Comisión Europea de la pesca de cerco del atún rojo en el Mediterráneo y Atlántico occidental, al alegar que ya se han agotado las posibilidades de pesca antes del fin de la temporada, pese al rechazo de países como España y Francia. La ministra Española consideró al conocer la noticia que la medida adoptada resulta 'injusta, desproporcionada e inadmisible' para los seis barcos de la flota de cerco española que sólo ha utilizado el 28,8% de su cuota disponible. En el caso de España la prohibición deberá cumplirse a partir del 23 de junio, mientras que en el caso de las flotas de Grecia, Francia, Italia, Chipre y Malta, el cierre debía respetarse desde el 16 de junio. Los ministros de Pesca también tratarán de cerrar mañana un acuerdo político para aprobar una propuesta de reglamento comunitario para impedir la comercialización de la pesca ilegal, no regulada y no declarada en la Unión Europea. La Comisión Europea calcula que 'más de la mitad' de los productos pesqueros están 'bajo sospecha' de ser proceder de actividades de pesca ilegal. El reglamento establece listas de buques dedicados a la pesca ilegal, no regulada y no declarada (INDRA), incluidos buques comunitarios, y listas de terceros países colaboradores. Asimismo, introduce un certificado de captura obligatorio que testifique que el producto se ha obtenido 'sin contravenir' la normativa comunitaria y un 'sistema de sanciones' para castigar la pesca ilegal. El objetivo último de la normativa propuesta es 'prohibir la entrada de productos INDRA en el mercado europeo', motivo por el cual los buques en lista no podrán desembarcar tampoco sus productos, explicaron las fuentes. Tampoco se aceptarán productos en el mercado europeo que no vengan acompañados por un certificado de captura preceptivo. Asimismo, los titulares de Pesca intentarán llegar a un acuerdo político para aprobar un reglamento para que la Comisión tenga capacidad para autorizar las actividades pesqueras de países miembro fuera de aguas comunitarias y las actividades de terceros países en aguas comunitarias. Por último, tratarán de llegar a otro acuerdo político sobre una propuesta de reglamento destinado a proteger la biodiversidad de los fondos marinos vulnerables que no están protegidos en la actualidad por acuerdos de organizaciones regionales pesqueras y prohibir en ellos la pesca. Por otra parte, los ministros debatirán el nuevo protocolo del Acuerdo de Asociación pesquera con Mauritania que reduce las posibilidades de pesca para la flota comunitaria de pequeños pelágicos y cefalópodos. El nuevo acuerdo no puede ser adoptado todavía por los Veintisiete porque hay que respetar las seis semanas preceptivas para informar a los parlamentos nacionales del mismo. España solicita un aumento de posibilidades de pesca al considerar que le corresponden 29 licencias de cefalópodos en lugar de los 24 ofrecidos por la Comisión. Finalmente, la Comisión Europea expondrá a los ministros sus previsiones de Totales Admitidos de Capturas (TAC) y cuotas para 2009.