UE
La Comisión Europea remitió a finales de la semana pasada un «dictamen motivado» -segunda etapa del procedimiento de infracción y paso previo a una posible denuncia ante el Tribunal de Justicia- a España por aplicar unas tasas portuarias más económicas cuando se trata de buques que conectan Canarias con el resto de puertos españoles y comunitarios. La misma medida se aplica en el caso del Archipiélago balear y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que también son objeto de este procedimiento de infracción. Asimismo, la legislación española prevé que los impuestos percibidos por los trayectos marítimos entre un puerto español y otro extracomunitario «no se beneficien de ninguna bonificación» y sean «más elevados que los obtenidos por el tráfico entre los puertos españoles y comunitarios». Bruselas considera que estas «discriminaciones son, en principio, contrarias a las disposiciones del reglamento» sobre la libre prestación de servicios de transporte marítimo entre los Estados miembros y entre los mismos con países terceros (4055/86), y sólo pueden «justificarse por razones imperiosas de interés general».
Para justificar este trato diferenciado a favor de ambos archipiélagos así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las autoridades españolas alegan el principio de «cohesión territorial». Sin embargo, a jucio de los servicios comunitarios, Madrid «no ha aportado pruebas suficientes para demostrar el carácter necesario y proporcionado de las medidas de bonificación», en particular, teniendo en cuenta las «compensaciones» ya aplicadas a favor de Canarias y las otras zonas implicadas, en base a las «obligaciones de servicio público». En un 'dictamen motivado' -segundo y último apercibimiento escrito-, el Ejecutivo comunitario «expone claramente y con carácter definitivo las razones por las que estima que ha habido infracción del derecho comunitario y exige al Estado miembro que cumpla con sus obligaciones en un plazo determinado, que es generalmente de dos meses». Si no lo hace, la Comisión puede decidir recurrir al Tribunal de Justicia, que determinará si hay «infracción del Tratado».