Ojo de Buey-Ocean Alert
La batalla legal sobre el tesoro extraído por Odyssey, que España reclama, ha experimentado un avance sustancial, tras ordenar ayer el juez Mark A. Pizzo, "que la empresa proporcione al Gobierno español información precisa sobre el cargamento rescatado".
La empresa estadounidense Odyssey deberá revelar a España en las próximas dos semanas el sitio secreto donde halló uno de los mayores tesoros hundidos de la época colonial, según un acuerdo judicial suscrito ayer en Estados Unidos. La empresa especializada en rastreo de antiguos tesoros en el fondo marino tiene 14 días para informar a las autoridades españolas del lugar donde halló en mayo pasado un pecio con unas 500.000 monedas de plata y objetos de oro valorado en cientos de millones de dólares. El juez federal de Tampa (Florida) dispuso que la información sobre el lugar del hallazgo se mantenga en secreto para proteger los intereses de la compañía, que teme que otros buscadores de tesoros se dirijan al lugar. "Odyssey debe proveer al Reino de España la ubicación exacta del navío o navíos, toda información material para identificación del navío o navíos, una lista y descripción de artefactos desconocidos a la fecha, y fotografías y cintas de vídeo del sitio o navíos", ordenó el juez. Además las autoridades españolas podrán inspeccionar los artefactos hallados y lugar de común acuerdo. Odyssey Marine Exploration anunció en mayo de 2007 el impactante descubrimiento y repatrió discretamente su botín de 17 toneladas, considerado el mayor tesoro marítimo jamás encontrado en aguas internacionales. Los tesoros viajaron rápidamente desde la colonia británica de Gibraltar hacia la sede de la compañía en Tampa. Enteradas del hallazgo, las autoridades españolas reaccionaron ante la sospecha de que podía tratarse de un antiguo galeón español, o que Odyssey había hecho su descubrimiento en aguas españolas. Citando motivos de seguridad, Odyssey se negó desde un principio a revelar el lugar exacto del barco hundido, que ha denominado bajo el código 'Cisne negro'. La empresa pidió a la justicia estadounidense que la declarase única dueña de los objetos y del hallazgo en disputa, que afirmó "está en el fondo del Océano Atlántico a una profundidad de aproximadamente 1.100 metros, fuera de la zona territorial de cualquier Estado". España presentó tres reclamos en el tribunal federal de Tampa para que se determine si tiene algún derecho sobre el barco y los tesoros del 'Cisne negro', y de otros dos naufragios en los que Odyssey trabaja cerca de Gibraltar y el Mediterráneo. La compañía también busca el HMS Sussex, un buque de guerra que se hundió en el Mar Mediterráneo, cerca de Gibraltar, en 1694. Antes que estallara la disputa por los tesoros del 'Cisne negro', Gran Bretaña y España habían alcanzado un acuerdo en marzo de 2007 para que Odyssey realizara la búsqueda del Sussex. En julio pasado, autoridades españolas abordaron el barco 'Ocean Alert' de Odyssey en la Bahía de Algeciras, lo obligaron a ir a puerto y registraron la carga del navío antes de dejarlo ir, posteriormente ocurriría con el 'Explorer'. La disputa de España con Odyssey llegó incluso a la Casa Blanca, el Gobierno español pidió formalmente a Washington en julio que defienda el "derecho de los Estados sobre sus naves soberanas" que contienen "restos arqueológicos". El Gobierno español afirma que empresas como Odyssey fueron creadas para "saquear" tesoros perdidos, y reclamó además a la Unión Europea (UE) que adopte medidas específicas para proteger a los países de la Unión "del expolio de su patrimonio cultural". La iniciativa española no contó con el apoyo de Gran Bretaña.
Por su parte, la empresa Odyssey expresó a Efe en un comunicado su satisfacción porque el acuerdo de confidencialidad sobre el tesoro haya llegado al 'punto en que podamos compartir información con España', pese al profundo desencuentro producido desde el principio.
El magistrado encargado del caso había pedido en noviembre pasado al Gobierno español y a Odyssey que trabajaran conjuntamente con el objeto de llegar a un acuerdo de confidencialidad aceptable para ambas partes sobre el pecio extraído en la operación, denominada 'Cisne negro'. Sin embargo, todo parecía indicar que las posiciones de ambas partes resultaban irreconciliables, una vez que España se negó a aceptar las condiciones de confidencialidad que exigía Odyssey antes de desvelar los datos que permitieran la localización del sitio arqueológico.
Odyssey, que ha reiterado en numerosas ocasiones que el tesoro fue extraído fuera de las aguas jurisdiccionales de España, adujo entonces razones de peso para no difundir los datos sobre el pecio rescatado, como la posibilidad de que personas con unos mínimos recursos 'pudieran tener la tentación de tratar de rescatar más objetos de valor'.
No obstante y 'de forma esperanzadora', continúa Odyssey en el comunicado, 'las autoridades españolas han dejado de creer en informaciones falsas y malas interpretaciones que difundieron algunos medios' españoles.
A juicio de la empresa estadounidense, este paso fundamental en la conclusión del litigio servirá para que España constate el 'cuidado' que Odyssey ha puesto en la preservación arqueológica de los lugares y la 'dificultad' que entraña la identificación de los pecios. Para Odyssey, está claro que la prioridad del tribunal radica en la 'protección del sitio' (donde fue hallado el tesoro) y que el juez 'no tolerará' la 'revelación de cualquier información confidencial que ponga en peligro la seguridad de éste'. El juez estableció una nueva audiencia previa, la tercera, para el próximo 5 de marzo o más tarde, mientras el Gobierno español accede a información específica sobre el lugar exacto del tesoro, entre otros detalles.
La decisión del juez supone pues un avance sustancial para las aspiraciones españolas de recuperar el cargamento, compuesto de monedas de plata y oro, 'extraído de un pecio de bandera española', como lo definió en meses pasados el Ministerio español de Cultura. Odyssey fundamenta sus derechos sobre el tesoro submarino en que el tribunal federal de Tampa competente en jurisdicción marítima le concediese el estatus de descubridor y depositario de todos los yacimientos recuperados del pecio en disputa con España. La denominada ley de Almirantazgo y la Convención del Mar establecen que el 90% del valor de lo recuperado corresponde a la empresa o personas que llevaron a cabo el rescate.