abierto nuevos interrogantes
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abre expediente sancionador 2805 a la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, la Confederación Intersindical Galega y Laginle Abertzaleen Batzordeak (LAB) Madrid, 12 de diciembre de 2007. Con fecha 26 de julio de 2007 y en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid, la representación empresarial Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, y la representación sindical Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, la Confederación Intersindical Galega y Langinle Abertzaleen Batzordeak, firmaron el IV Acuerdo para la Regulación de las Relaciones Laborales en el Sector de la Estiba Portuaria, texto con valor de Convenio Colectivo de ámbito estatal y de aplicación a las relaciones laborales de las empresas y trabajadores incluidos en su ámbito personal en los puertos comerciales de todo el territorio español. A la vista de la información reservada practicada y con objeto de investigar si dicho acuerdo pudiera ser contrario al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia ha acordado, con fecha 3 de diciembre de 2007, iniciar formalmente expediente sancionador. Se abre ahora un periodo de 18 meses para la instrucción y resolución de expediente, sin que la adopción del presente trámite permita prejuzgar la decisión que sobre el fondo del mismo pueda concluirse.
Articulo 1 de las Conductas colusorias de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertadao conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y,en particular, los que consistan en: a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la presente Ley. 3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que: a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de susventajas. b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y c) No consientan a las empresas participes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados. 4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del articulo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y prácticas concertadas, incluso cuando las correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de la UE. 5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante Real Decreto la aplicación del apartado 3 del presente artículo a determinadas categorías de conductas, previo informe del Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia.