Magdalena Álvarez
El Ministerio de Fomento impugna el convenio laboral del sector portuario. El sector no descarta un paro general de los puertos marítimos antes de las Elecciones Generales del 9-M. Un "pobrecito hablador" nos cuenta que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, está que trina a causa del caos ferroviario surgido en Barcelona por las obras del AVE. Su enfado llegó ayer a tal punto que, en una reunión con sus altos cargos, miró en derredor y dijo: “Van a rodar cabezas y no precisamente la mía”. Pues al ritmo que va se queda sóla.
El Gobierno de ZP, a través de su entidad pública de Puertos del Estado, decidió impugnar el pasado mes de septiembre el IV Acuerdo para la Regulación de las Relaciones Laborales en el Sector Portuario. Un convenio marco que, tras casi tres años de negociación, logró acordarse el pasado mes de julio entre la patronal del sector Anesco y la Coordinadora del Mar, que representa a la mayoría de los trabajadores del sector. El fondo de la cuestión responde al rechazo del Gobierno a liberalizar los servicios portuarios, al considerarse un sector estratégico del Estado. Se trata, pues, de una pugna con marcados tintes políticos. Y es que, según la Ley de Puertos aprobada por el PP en 2003, pese a la oposición del PSOE, la actividad que desempeñan los estibadores pasa a definirse como un servicio básico, que pone fin a la mayoría detentada hasta el momento por la Administración Pública (51% de las acciones en todas las Sociedades de Estiba). La norma determinó entonces que se constituyeran, para sustituirlas, las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIEs), integradas exclusivamente por los operadores privados dedicados a la estiba de buques. Tras alcanzar el Gobierno, el PSOE suspendió la constitución de APIEs vía real decreto en 2005, que establecía el plazo de un año (standby político) para la modificación de dicha norma. Sin embargo, a pesar de diversos intentos, el Gobierno de ZP no logró su objetivo debido a la falta de apoyos parlamentarios. Transcurrido y agotado ese plazo, la patronal y los sindicatos retomaron la mesa de negociaciones para cerrar un acuerdo al respecto, sin contar con la participación de Puertos del Estado, ya que el pasado mes de mayo decidió retirarse de la negociación. El IV Acuerdo Marco extiende a todas las empresas del sector la posibilidad de acceder, en igualdad de condiciones, a las tareas complementarias que se efectúan en los puertos, cuyo peso es cada vez mayor en el ámbito de los servicios portuarios. Además, constituye un marco de estabilidad laboral para los trabajadores y un abaratamiento de costes a las empresas, según los firmantes del acuerdo.
Pese a ello, Puertos del Estado decidió recurrir el convenio, bajo el argumento de una supuesta “cartelización” del sector, y denunciando que Anesco no está legitimada para suscribir este tipo de pactos a nivel nacional.
Según fuentes de la patronal, tal acusación carece de sentido: “Anesco ha negociado los tres acuerdos anteriores –desde 1988– y además sus empresas, ocupan a la inmensa mayoría de los trabajadores discontinuos que ponen a disposición las Sociedades de Estiba (de titularidad pública)”. Por ello, “resulta un conflicto más artificial que otra cosa”.
Su único fin es mantener el control público de los servicios portuarios, así como paralizar la constitución de las APIEs hasta la próxima legislatura, momento en el que retomaría la modificación de la Ley de Puertos aprobada por el PP, añaden.
El resultado de este proceso puede tener consecuencias graves. Los estibadores no descartan negociar sus salarios, no ya a nivel nacional o puerto por puerto, sino barco a barco. Incluso, la posibilidad de convocar una huelga general del sector portuario antes de marzo.
Está ahora mismo el ambiente del sector impregnado de las contradicciones y sinrazones del Gobierno. Hay un conflicto abierto que, de llegar hasta las últimas consecuencias, conllevaría un coste económico y de futuro para el sector portuario muy dañino para España.