Magdalena en el Senado
El grupo parlamentario de Convergència i Unió (CiU) ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para que informe acerca de la situación de 'inseguridad jurídica' en relación con la transformación de las sociedades estatales de estiba en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIEs), integradas por capital privado.
Álvarez ya se refirió a esta cuestión en el Senado hace unas semanas, cuando afirmó que el IV acuerdo marco de la estiba no se ajusta a la legalidad, como pusieron de manifiesto dos informes jurídicos solicitados al respecto por Puertos del Estado, y negó que el rechazo a este acuerdo respondiera a la oposición de esta institución a sustituir las sociedades con participación pública mayoritaria por APIEs. En este sentido, apuntó que el acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria fue revisado por Puertos del Estado ante la posible falta de 'legitimidad de las empresas' que agrupa unos de sus firmantes, la patronal del sector Anesco, al tener contratado 'sólo' según la ministra al 8% de los trabajadores, así como por la posible invasión de ámbitos de competenciales ajenos a servicios públicos básicos de estiba y desestiba por parte de los propios firmantes. Además, la ministra señaló que no sólo Puertos del Estado fue partidario de impugnar el acuerdo alcanzado en julio de este año, ya que el 20 de septiembre de 2007 los presidentes de todas las autoridades portuarias que presiden las sociedades estatales de estibas firmaron un documento en el que manifestaron compartir íntegramente los argumentos de la petición presentada por Puertos del Estado. Más aún, añadió, otras organizaciones como UGT y CC.OO. o la Confederación Española de Pesca han solicitado la no inscripción del acuerdo.
Por su parte, el senador de CiU, Pere Macías ya acusó en aquella ocasión a las autoridades portuarias de no estar cumpliendo la legalidad vigente y afirmó que la 'situación es grave'.