Odyssey Explorer
La titular del juzgado de Instrucción nº 1 de La Línea de la Concepción envió el lunes pasado a Londres una comisión rogatoria para que el Gobierno de Gibraltar impida cualquier exportación de artículos de arte mientras siga atracado en su territorio el Odyssey Explorer. Este auto nace a instancia de la Fiscalía de Cádiz, que quiere de esta manera impedir que la empresa, con sede administrativa en Tampa (Florida), pueda hacer uso del parapeto que supone El Peñon para sacar de la colonia piezas arqueológicas, extraídas a su juicio en aguas españolas, sin que lo sepan las autoridades españolas. Es más, el Ministerio Fiscal tiene constancia que al menos un avión ya ha despegado del Peñón cargado con tesoros y, por tanto, no quiere que se produzca más fugas de piezas. Sobre todo porque a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía, que derivó en la orden judicial de apresar las naves de Odyssey tan pronto entraran en aguas internacionales, se teme que se estén eliminando pruebas y que la compañía cazatesoros esté sacando, vía aérea, los restos obtenidos en sus últimas exploraciones marítimas.
El Gobierno británico «está por la labor» de aceptar la petición de la jueza, aunque será en los próximos días cuando se conozca su respuesta. En dicho auto, además, se solicita que se prohíba la descarga de cualquier tipo de material, instrumento o mercancía del buque que permanece atracado en el Peñón, el Odyssey Explorer. Este barco es el de mayor calado de los dos que tiene la compañía operando en las inmediaciones del Estrecho. La otra nave es el Ocean Alert, que fue interceptado por la Guardia Civil el pasado 12 de julio cuando abandonó la protección que le daba permanecer dentro de los limites de la colonia británica. Esta segunda petición tiene como objetivo impedir que la nave que aún no ha sido inspeccionada se encuentre prácticamente vacía cuando ingrese en aguas internacionales, ya que Odyssey sabe que será abordada por el Instituto Armado. Las mismas fuentes recordaron que la filtración que hubo en los medios sobre la orden que había dado la jueza de detener los barcos cuando salieran de Gibraltar, «afectó gravemente a la investigación» porque alertó a la empresa norteamericana de los movimientos que pretendía seguir la justicia española.
pecio
La empresa Odyssey presentó finalmente un informe arqueológico preliminar sobre el tesoro hallado en el fondo del mar en mayo pasado y que el Gobierno español reclama. El contenido del texto no ha sido difundido, aunque se espera que los cazatesoros expliquen próximamente los detalles del hallazgo. En el escrito se incluyen declaraciones juradas de expertos y empleados de la propia empresa.
Además, Odyssey contraataca a través de los tribunales estadounidenses exigiendo a España el pago de una indemnización por interferir en sus operaciones. La empresa 'cazatesoros'. La compañía estadounidense presentó el lunes una moción en un juzgado de Tampa para reclamar una compensación monetaria a las autoridades españolas, así como la confidencialidad de los trabajos de la compañía y de las investigaciones, ya que Odyssey acusa a España de acceder ilegalmente a información privilegiada. La empresa de exploración marina Odyssey reprocha a España un comportamiento "ilegal" a causa de las interferencias realizadas en relación al hallazgo del buque con nombre en clave 'Cisne Negro', localizado en aguas del Estrecho.
La tensión se hizo patente este lunes pasado con la puesta en marcha de una ofensiva legal que pasa por un tribunal de Tampa y la exigencia de una compensación monetaria. El abogado James A. Goold, que representa a España, aseguró hoy que, a la vista de los informes entregados por Odyssey, la empresa "quiere hablar de todo", excepto de los detalles exigidos por el Gobierno español en relación al hallazgo. A este respecto, la compañía expresó en un comunicado la necesidad de establecer la confidencialidad de los datos y no desvelar más detalles de los necesarios. Y es que, para Oddysey, las autoridades españolas accedieron a información privilegiada y forzaron a la tripulación del Ocean Alert, nave de búsqueda, a "sentarse al sol durante aproximadamente siete horas sin comida o agua y sin usar el servicio". El cofundador de Odyseey, Gregg Stemm, confía en que España reconozca que la compañía estadounidense está actuando de "buena fe". "Y que estamos dispuestos a cooperar con el Ejecutivo español" si en futuras localizaciones se sospecha de que los hallazgos pueden estar vinculados de una u otra forma con su patrimonio, añadió. En pos de la seguridad, Odyssey anunció ayer que no desvelará la localización del naufragio, en el que se incautaron de 17 toneladas de monedas de plata, ya trasladadas a EEUU.
sextante
Sin embargo, noticias de última hora confirman que el magistrado de Tampa considera que los documentos presentados por Odyssey no prueban que la extracción fuera en el Atlántico. Nuevos datos avalan la tesis de que el expolio se cometió en aguas territoriales españolas frente a la costa gaditana. Los cazatesoros de la empresa Odyssey Marine Exploration, no convencieron al juez de que el tesoro sea suyo. El presidente de la sala de Florida-centro, Steven D. Merryday, no consideró convincente el informe arqueológico presentado el lunes en Tampa por Odyssey, sobre tres presuntas posiciones de procedencia del tesoro en el Atlántico. Una de ellas ya había sido registrada en la oficina del juez telefónicamente en marzo de 2006 y posteriormente en septiembre: la del Merchant Royal, buque hundido transportando paga para soldados españoles en 1641, al suroeste de Gran Bretaña. Las otras dos, al sur de la frontera entre Portugal y España, las presentó Odyssey en abril de 2007, un mes antes de anunciar el hallazgo. El juicio se celebrará en Tampa el 29 de septiembre.
El Ministerio de Cultura español presentó el 30 de mayo un pleito en defensa de sus derechos de propiedad sobre el tesoro hallado por Odyssey. Dos días después, la jueza del juzgado de primera instancia número 1 de La Línea daba orden de arresto contra los dos buques cazatesoros de Odyssey anclados en Gibraltar, acusados de expoliar patrimonio subacuático español. Durante años antes de anunciarse el hallazgo, numerosos expertos denunciaron el peligro que suponía dejar de vigilar las actividades de una empresa que llevaba casi una década en aguas españolas, y que presuntamente había localizado los restos de numerosos pecios, con la excusa de buscar para los ingleses los del navío HMS Sussex, hundido en 1694 frente a Gibraltar.
La documentación presentada en el juicio avala los argumentos de uno de estos expertos, el abogado y escritor maritimista Pipe Sarmiento, que aportó numerosa documentación sobre las posiciones en que se movía el Odyssey Explorer, tomadas del satélite AISlive. En uno de los tres casos en que se defienden los derechos de España, el 8:2006cv01685, se especifica que Odyssey alegó ante el juez la posición del pecio del Merchant Royal el 13 de septiembre de 2006. Pero, en el punto 11 del sumario, se especifica que lo que se hizo entonces fue confirmar una posición presentada telefónicamente el 10 de marzo anterior ante el juez ayudante Thomas B. McCoun III. Pero en marzo de 2006, y en los meses anteriores, Odyssey trabajaba a 7,60 millas náuticas de Gibraltar, como lo prueban el satélite y a última hora la expulsión de Odyssey de España por trabajos ilegales. La posición del lugar de trabajo del Odyssey en la fecha en que comunicó al juez su hallazgo, 36 grados 2 minutos 46,92 segundos Norte; 5 grados 12 minutos y 35,64 segundos oeste, está por tanto dentro de las 12 millas náuticas de aguas territoriales españolas: una zona en la que, por tanto, existía obligación de vigilar la actividad de estos barcos. La única excusa posible para la inacción de los reponsables (Ministerios de Cultura, Exteriores y Junta de Andalucía) es que el Odyssey Explorer estaba a 7,60 millas de Gibraltar, y que Inglaterra sólo reclama tres millas de aguas para su colonia, pero considera aguas internacionales lo que haya más allá.
Para complacer a Inglaterra, España no vigiló. Y para no reconocer que no vigiló, el Ministerio de Cultura no denuncia expolio, sino que sólo reclama la propiedad del tesoro por la nacionalidad de origen de las monedas.