Odyssey
La titular del juzgado número uno de La Línea de la Concepción, dictó ayer una orden de apresamiento contra los dos buques que la empresa de exploración marina Odyssey tiene atracados en el puerto de Gibraltar, para proceder a su registro. La orden de la jueza señala que cuando el Odyssey Explorer y el Ocean Alert entren en aguas jurisdiccionales españolas deberán ser conducidos a un puerto para que sus bodegas sean inspeccionadas. En la tarde de ayer, uno de los dos buques se encontraba atracado en la base naval de Gibraltar, lugar donde habitualmente se encuentra, mientras que el otro estaba en paradero desconocido, aunque el fin de semana si estuvo en el Peñón. Esta orden de apresamiento y registro se suma a las medidas que las autoridades españolas han adoptado durante las últimas semanas para averiguar si esta empresa estadounidense ha cometido un delito de expolio del patrimonio, después de que comunicara el pasado 18 de mayo el hallazgo del que sería el más importante tesoro submarino de la historia -bautizado como Cisne Negro y valorado en 370 millones de euros-. La localización del tesoro en un punto incierto del Atlántico que la empresa no quiere revelar ha hecho sospechar al Gobierno español que el botín podría proceder de un pecio nacional. Para facilitar el arresto y registro de los dos barcos de Odyssey, el Ministerio de Cultura ha pedido la colaboración de la Armada española, según anunció ayer en Granada la titular del ramo, Carmen Calvo, quien desveló que "minutos después" de conocerse la orden judicial se puso en contacto con el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien le ha garantizado la colaboración de la Armada "si nuestra Guardia Civil la necesita para esa tarea de detención, que se producirá si los barcos de esa empresa norteamericana surcan aguas españolas". Calvo consideró la orden judicial "una magnífica noticia" y explicó que ésta se produce después de que el Gobierno español se haya dirigido a la Fiscalía de Patrimonio Histórico y a la Justicia solicitando una medida en este sentido. Asimismo, la ministra explicó que el Gobierno español ha pedido a las embajadas del Reino Unido y Estados Unidos "que nos digan cuáles fueron los permisos aduaneros con los que despegó el vuelo Gibraltar-Tampa", fletado por Odyssey y que supuestamente trasladó las monedas halladas a Estados Unidos, "así como la identidad, bandera y contenido del buque del que se extrajo el tesoro, información que la empresa aún no ha facilitado". Igualmente, el Ejecutivo ya cuenta con "un abogado defensor de nuestros intereses, el estadounidense James Goold, quien presentó el pasado 30 de mayo una demanda ante un tribunal federal de Tampa (Florida) para reclamar lo que le corresponda a España de este importante tesoro, si el buque en el que fue encontrado fuese definitivamente español", añadió Carmen Calvo. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ya advirtió el pasado mes de mayo, que el Gobierno ejercería "los derechos del Estado" pertinentes en el caso del tesoro. "El Gobierno está actuando ante lo que puede ser un presunto delito de expolio", indicó Fernández de la Vega al ser preguntada si el Ejecutivo iba a reclamar este tesoro, que Odyssey dice "haber importado legalmente a Tampa de acuerdo con la ley estadounidense".